Solidaridad con una dirigente

Organismos de Derechos Humanos y sindicatos denuncian «persecución judicial» contra ex funcionaria de Sain.
NNADIA

Luego de que se conociera la decisión de una inminente imputación por parte de la Fiscalía Regional Santa Fe al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y parte de su equipo por presunto espionaje ilegal, desde distintos sectores vinculados con los organismos de Derechos Humanos, sindicatos como Amsafe, Prensa y Bancarios, denunciaron «persecución judicial» contra Nadia Schujman (foto). La abogada fue hasta hace dos semanas funcionaria del gabinete de Seguridad, y es una histórica abogada en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Schujman y otros ex integrantes del gabinete de Sain, enfrentan una causa por espionaje ilegal en la que, aseguran, «hasta el momento no se han presentado pruebas». Todo se desencadenó luego de un allanamiento a las oficinas del ministerio de Seguridad, que se realizó irregularmente y sin testigos.
La embestida contra Sain va mucho más allá de algún audio de whatsapp desafortunado. Quienes la encabezan no pueden decir sus verdaderas razones, relacionadas con investigaciones que tocaron el corazón del poder económico santafesino. La causa del financista Hugo Oldani, que fue baleado en febrero de 2020, fue una de ellas. En su oficina había un millón de dólares y tres millones de pesos en el lugar, que desaparecieron. Fue el propio Sain quien presentó la denuncia ante la justicia federal.
El diputado nacional electo por el Frente de Todos, Eduardo Toniolli, expresó que «hoy está en marcha una especie de vendetta, casi un lawfare, que tiene que ver con la estructura de quien fue ministro de Seguridad de la provincia, con este circo que montaron con un allanamiento en la casa de Gobierno cuyo único objetivo era terminar de ir contra quienes encabezaron un proceso de investigación profunda».
Entre otras tareas que llevó adelante desde su función, Nadia Schujman fue la patrocinante de una denuncia penal que presentó Sain como ministro, por el uso de fondos reservados por parte de la provincia durante la gestión de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad, entre 2017 y 2018. Bajo la gestión del actual diputado provincial, se le pagó un millón de pesos a dos abogados para que defendieran a los policías imputados por el caso Franco Casco, sospechados de haber desviado la investigación por la muerte y desaparición del joven, al que se vio por última vez con vida en la Comisaría 7ma de Rosario, en 2014.
Los abogados que cobraron de la provincia durante la gestión Pullaro, con fondos reservados, fueron José Manuel Alcácer y Lucas Peirone. Además, el mismo estudio tenía como cliente a Esteban Lindor Alvarado, preso en la cárcel de Marcos Paz y sospechado de ser líder de una de las bandas narcocriminales más importantes de Rosario. Todos estos datos constaban en la denuncia que presentó en 2020 el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, con el patrocinio de Schujman.

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